Sin duda el hecho más resonado, comentado y analizado de la semana, fue la carta abierta de Cristina Fernández de Kirchner. Este lunes, antes del aniversario de la muerte de su marido, la vicepresidenta publicó la misiva en su cuenta de Twitter. En el texto, Cristina habló de los funcionarios que no funcionan, llamó a un acuerdo entre todos los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales del país, afirmó que el que toma las decisiones es el Presidente y reconoció que la Argentina tiene una economía bimonetaria entre el peso y el dólar.

El presidente Alberto Fernández, en público, minimizó la carta. Pero, de acuerdo a los trascendidos, en la Casa Rosada se interpretó como un ataque directo y desestabilizador. Aunque Alberto Fernández concuerda con Cristina Kirchner en que algunos miembros de su equipo siguen sin rendir lo suficiente, la opción por un cambio sustancial de gabinete estaría descartada. El presidente podría reemplazar a algunos ministros, pero de ninguna manera está considerando un relanzamiento de todo su gabinete.

Al día de hoy, algunos de funcionarios más cuestionados son Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), autor del libro Los tres kirchnerismos, Claudio Moroni (Trabajo), Marcela Losardo (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad).

“Sin duda el hecho más resonado, comentado y analizado de la semana, fue la carta abierta de Cristina Fernández de Kirchner.”

 

Mientras otros tambalean, el ministro de economía, Martín Guzmán parece haber pasado la prueba de fuego al domar las cotizaciones del dólar blue y el contado con liquidación. En los últimos días Alberto Fernández y su Ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron con los principales empresarios argentinos en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. El Presidente escuchó a los empresarios y el Ministro presentó los lineamientos de la política económica y cambiaria del gobierno. Los empresarios que asistieron a estas reuniones fueron el dueño del supermercado Alfredo Coto, Roberto Urquia, de Aceitera Deheza, Marcos Bulgheroni, PanAmerican Energy, Luis Pérez Companc, Molinos Ríos de la Plata, y Paolo Rocca, Techint.

Según se sabe, en esos encuentros reservados el ministro insistió en “medidas puente” para llegar a marzo de 2021 y comenzar las negociaciones con el FMI en noviembre. Además adelantó que no se solicitará ningún desembolso al FMI, pero que habrá dinero extra para fortalecer las reservas provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

De esta manera, con las internas más expuestas que nunca, una pandemia que no cede y un ministro abocado en estabilizar el frente cambiario, el gobierno comenzará a transitar el mes de Noviembre. Largo ha sido hasta ahora el 2020 y largos serán los dos meses que restan para el 2021.

Corría el año 301 D.C en el Imperio Romano, gobernado por el Emperador Diocleciano, que llevaba 17 años en el poder y que había heredado una pesada herencia. En ese año, el Emperador, acuciado por una depreciación de la moneda por emisión excesiva debido a un forzado incremento del gasto público para solventar los gastos militares, emitió el Edictum De Pretiis Rerum Venalium (Edicto de Precios Máximos).

El edicto, que fue uno de los primeros controles de precios documentados de la historia, pretendía imponer un tope a los precios de más de mil productos, entre los que se encontraban alimentos, productos textiles, costos de transporte y salarios. Asimismo, se estableció la pena de muerte para los especuladores que incumplieran el edicto, a quienes se les acusaba de causar la inflación y se los ponía al mismo nivel de los bárbaros que amenazaban al imperio.

El edicto, no solo no tuvo efecto ya que continuó el alza de precios, sino que generó un rápido desabastecimiento de productos en todo el imperio, mientras continuaba la emisión monetaria descontrolada. Al momento en que Diocleciano renunció al trono, 4 años después, el edicto cayó en desuso, y la dinámica económica dentro del imperio quedó alterada, con ciudades que habían dejado de comerciar y habían vuelto al trueque y con salarios que habían perdido gran parte de su poder de compra.

La historia no se repite, pero rima. 1700 años después nos encontramos en un país con un Estado que estableció precios máximos desde marzo para un listado de productos alimenticios y hogareños, que tiene pisadas las tarifas de transporte y servicios públicos, y que, mientras tanto, emite 200.000 millones de pesos por mes o 9.000 millones por día para financiar el gasto público.

La continuación del programa de Precios Máximos, que se extendería hasta el 31 de diciembre, propone un nuevo desafío para las empresas participantes, ya que, si bien con cada renovación se autoriza un cierto aumento de precios, estos no llegan a cubrir el alza de costos que no están regulados. Por otra parte, el atraso tarifario, que ya lleva alrededor de un año y medio, ya empieza a mostrar sus consecuencias: esta semana, el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, anticipó que habrán cortes de luz en el verano por “exceso de demanda”.

La inflación suele ser un síntoma, no una enfermedad per se. Se la puede atacar de corto plazo con alguna medida o control, pero a la larga la falta de un programa económico consistente y creíble por parte del Gobierno dejará a las medidas sin efecto. El ritmo de emisión monetaria sin respaldo cada vez mayor aumenta el riesgo de dos variables: mayor inflación y desabastecimiento, en el caso de los bienes con precios controlados. El caso más evidente se observa con el dólar: un dólar con precio regulado es extremadamente escaso, mientras que un dólar sin control de precio, aumenta su precio prácticamente todos los días. Dos caras de una misma moneda.

El jueves pasado el dólar financiero alcanzó los 172 pesos, un nuevo récord para la brecha cambiaria que todos los días es noticia en Argentina. Mientras tanto, el país se alcanzó el quinto puesto en el ranking mundial de contagios por COVID-19. De esta manera, la economía y la pandemia ponen al gobierno en una situación de la que es difícil salir.

Con la expectativa de retomar la agenda positiva, el Presidente Alberto Fernández viajó el jueves a Vaca Muerta para anunciar un nuevo Plan Gas, acompañado por funcionarios, el CEO de YPF, el gobernador de Neuquén y la gobernadora de Río Negro. A través de esta iniciativa el gobierno persigue múltiples objetivos: disminuir la necesidad de importaciones, ahorrar dólares y promover el desarrollo económico local.

Sin embargo, el endurecimiento de los controles sobre el comercio exterior y el acceso al mercado cambiario, ponen en duda la eficacia de estas nuevas políticas. Ayer a última hora, se conoció la Comunicación A 7138 del Banco Central, a través de la que se introdujeron nuevas restricciones a las importaciones.

“La economía y la pandemia ponen al gobierno en una situación de la que es difícil salir.”

 

Con este telón de fondo concluyó la visita relámpago de los funcionarios del FMI, el pasado domingo 12. Luego de reunirse con representantes del gobierno, el Congreso, el sector privado y el sindicalismo, el Fondo habría concluido que el gobierno no tiene control por sobre variables clave de la economía, como la inflación, el tipo de cambio y la emisión monetaria. De hecho, los representantes habrían solicitado que, para la próxima reunión a mediados de noviembre, el gobierno tenga listo un plan económico y unifique su vocero para las negociaciones. El electo para esta tarea habría sido el ministro Martín Guzmán.

Así las cosas, Guzmán se enfrentará a la tarea ciclópea de estabilizar una economía que, según el propio FMI, terminará el año con una caída del 11,8% del PBI y en 2021 apenas se recuperará al 4,9%. De su éxito depende el futuro de la Argentina y su permanencia en la cartera de Economía.

Hoy termina una semana caracterizada por la incertidumbre económica. Si bien el gobierno nacional oficializó la reducción de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, la lluvia de dólares esperada aún no ha llegado y la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue superó el 100%, la mayor registrada desde 1989.

Mientras esto sucedía, llegaba a Buenos Aires la primera misión del Fondo Monetario Internacional para comenzar a discutir un nuevo programa con la Argentina. En esta ocasión, no se trató de una visita de definiciones, sino una estadía relámpago de cuatro días, para escuchar los objetivos de política económica del gobierno, a los empresarios y del sindicalismo.

Así las cosas, el presidente Alberto Fernández dijo a los medios que espera poder alcanza un acuerdo con el Fondo lo antes posible. Por su parte Kristalina Georgieva, Directora Gerente del organismo, declaró que el FMI no viene al país con la idea de mayores ajustes.

“La lluvia de dólares esperada aún no ha llegado y la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue superó el 100%, la mayor registrada desde 1989.”

 

A pesar de estas buenas intensiones, el malestar con la política económica del gobierno se hizo presente en una reunión en una cena que tuvo lugar el pasado lunes en la Quinta de Olivos, donde referentes de la UIA le manifestaron al gobierno su preocupación por las crecientes restricciones cambiarias.

De esta manera, en un escenario donde la economía no logra destrabarse y el gabinete presidencial es cuestionado por oficialistas y opositores, se hace necesario giro de timón; sea a través de un cambio de ministros o de políticas.