A lo largo de la semana que hoy termina, la extensión y edurecimiento de la cuarentena fue un tema central en el debate público. Funcionarios, como Sergio Berni, expusieron en los medios que el endurecimiento debería durar entre 15 y 20 días y sería necesario para frenar el aumento de casos de COVID-19 en el área metropolitana de Buenos Aires. Vale destacar que este debate se instala al cumplirse 100 días de aislamiento preventivo y obligatorio, cuando la medida está perdiendo acatamiento de forma progresiva.

En el día de hoy, minutos antes del mediodía, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta llegaron a la Quinta de Olivos para mantener una reunión con el presidente, Alberto Fernández. El encuentro es previo al mensaje que grabarán y se difundirá esta tarde con anuncios sobre las características que tendrá la nueva cuarentena.

Según informa hoy Infobae, sin conferencia de prensa y buscando un tono empático con la población, no confrontativo, el Presidente, el Gobernador y el Jefe de Gobierno porteño grabarán un mensaje con los anuncios de la nueva cuarentena, con restricciones que ya fueron acordadas en la larga reunión que ayer mantuvieron, donde lograron limar diferencias previas que hacían inviable este próximo tramo, sin duda el más difícil.

¿Podrá el Estado en sus distintos niveles garantizar, y en su defecto forzar, el acatamiento de esta nueva medida entre la sociedad?

 

Por ahora no está claro por cuánto tiempo se extenderá esta nueva modalidad de cuarentena, ni se conocen sus detalles. Existe al parecer un consenso entre las autoridades respecto a la necesidad de dejar claro cuándo terminará esta fase, dado el agotamiento de la medida a nivel social.

Frente a esto, tal vez las dos principales incógnitas que quedan son: ¿Puede el gobierno asegurar a la población que esta será efectivamente el último esfuerzo, la última etapa del aislamiento?, y también ¿podrá el Estado en sus distintos niveles garantizar, y en su defecto forzar, el acatamiento de esta nueva medida entre la sociedad?. En la respuesta a estas dos preguntas está el éxito o el fracaso de la cuarentena que se anunciará hoy.

El empantanamiento de las negociaciones entre el gobierno argentino y los bonistas privados por la reestructuración de la deuda externa, fue tal vez uno de los principales temas en la agenda económica. Luego de que por varias semanas se comunicara que el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina, por estos días esa posibilidad pareció alejarse.

En efecto, luego de que el viernes 12 el gobierno argentino extendió el plazo de cierre de negociaciones al 19 de junio, el miércoles pasado se dieron por terminados los acuerdos de confidencialidad de las negociaciones entre ambas partes. Ese mismo día el fondo BlackRock advirtió que estaba evaluando la posibilidad de recurrir a los tribunales de Nueva York ante el fracaso de las negociaciones y el Ministerio de Economía publicó un comunicado dando cuenta que las contraofertas de los bonistas eran inconsistentes con los criterios de sostenibilidad recomendados por el FMI.

“El fantasma de un nuevo litigio internacional, se mece sobre las cabezas del presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán”

Aquel mismo día, mientras la prensa ya hablaba del abismo del default, el presidente Alberto Fernández se reunió con el ministro Martín Guzmán para analizar los pasos a seguir. Por ahora todo indicaría que la fecha límite del viernes 19 será, una vez más, testimonial, y las negociaciones entre las partes continuarán en los días por venir.

Durante la mañana de hoy, en Washington, el vocero del FMI, Gerry Rice, afirmó que el fondo espera que ambas partes lleguen a un acuerdo. Mientras tanto, en Nueva York, el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Argentina lanzó su propio comunicado, indicando que, dado el fracaso de las negociaciones, el conglomerado estaba considerando otras alternativas.

De esta manera, al cierre de esta semana el acuerdo parece más lejano que nunca y el fantasma de un nuevo litigio internacional, se mece sobre las cabezas del presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán.

Ayer a última hora se conoció una resolución del Banco Central que simplificó el acceso al mercado de cambio oficial a sectores productivos. El objetivo de la medida es evitar afectar la importación de bienes críticos o intermedios que se utilizan en la producción de bienes finales en el país.

El pilar de los anuncios de fue elevar de U$D 250.000 a U$D 1 millón el libre acceso directo al Mercado Único y Libre de Cambios para el pago anticipado de importaciones.

Según informa hoy el diario Ámbito Financiero, la decisión se tomó luego de diálogos entre el presidente de la entidad, Miguel Pesce con distintos sectores productivos, para superar los inconvenientes derivados de la aplicación de la circular 7030. Entre los sectores que concurrieron al Central se destacó el agro y la industria farmacéutica, para ellos la autoridad monetaria permitió la importación de fertilizantes e insumos medicinales (sean medicamentos terminados o insumos para su elaboración), accediendo al mercado oficial de cambios sin autorización previa.

Un factor fundamental para llegar a esta flexibilización fue la recuperación del 75% de las reservas internacionales que el BCRA había perdido entre abril y mayo, por sucesivas intervenciones de venta de dólares para controlar el mercado cambiario.

La restricción externa, es decir la dificultad de la economía argentina para generar los dólares que necesita para operar, constituye tal vez el principal problema macroeconómico que debe enfrentar el país desde hace décadas. En este sentido, se ha presentado al polémico proyecto de expropiación de la empresa Vicentín como una solución a este problema. Según argumentan los defensores de la iniciativa, la gestión estatal de la empresa permitiría incorporar una fuente de divisas alternativa que permita al BCRA estabilizar el tipo de cambio.

Por eso, el cepo cambiario y Vicentín constituyen dos cara de una misma moneda: la restricción externa de la economía argentina. Hasta ahora, distintos gobiernos han ideado numerosas políticas para lidiar, insatisfactoriamente, con esta traba al crecimiento del país. Veremos cómo resulta este nuevo intento.

Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino ha debido instrumentar una serie de políticas para sostener la economía nacional. Estas incluyeron transferencias a empresas, un ingreso familiar de emergencia (IFE), créditos a tasa cero y autorizaciones para que algunas compañías puedan volver a operar.

Este jueves el presidente se reunió con un grupo de los principales empresarios del país en la Quinta de Olivos.

En este contexto, el 18 de mayo un tweet de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, donde se manifestó a favor de que el Estado se convierta en accionista de las empresas a las que asistió financieramente durante la crisis, generó incertidumbre en el sector corporativo.

Si bien la AFIP no tardó en publicar los procedimientos a seguir por las compañías que deseasen devolver la ayuda recibida, el presidente Alberto Fernández recién respondería a Vallejos el 28 de mayo, catalogando de “ideas locas” que el Estado vaya a quedarse con parte de las empresas.

El tema parecía saldado hasta que Página 12 publicó un artículo de Mempo Giardinelli, llamando a la urgente nacionalización de Vicentín, para transformarla en un empresa pública no estatal, bajo control social. El principal argumento de Giardinelli se basaba en la naturaleza estratégica de la empresa Vicentín.

Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino ha debido instrumentar una serie de políticas para sostener la economía nacional.

Pero las preocupaciones del sector privado no terminaron ahí, ya que el mismo 28 de mayo el Banco Central publicó la Comunicación A7030, enduceciendo los controles cambiarios.

Esta medida compromete particularmente la importación de bienes intermedios para la industria y bienes finales. Por ello, la UIA planteó sus preocupaciones a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el martes 2 y al día siguiente, una comitiva de los principales empresarios del país se reunieron con el presidente, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.

Finalmente, ayer por la noche se conoció un comunicado del Banco Central, donde acordaba una agenda de trabajo con la UIA para superar las inconveniencias que podía generar el cumplimiento de la Comunicación A7030. En una economía frágil, ahora golpeada por las consecuencias económicas de la pandemia y con una reestructuración de deuda pendiente, nuevas regulaciones podrían lanzarse en el futuro cercano.