El pasado viernes 10 de enero señaló el primer mes de gestión de Alberto Fernández como presidente del país y, como siempre en este tipo de aniversarios, es interesante hacer balances de lo hecho hasta ahora y analizar los próximos pasos que se darán.

La sucesión entre Mauricio Macri y Alberto Fernández parece confirmar la necesidad de formar coaliciones a la hora ganar las elecciones nacionales y, por qué no, de gobernar. Mientras que Cambiemos nucleaba a distintos partidos no peronistas, el Frente de Todos reúne a distintas facciones asociadas al peronismo.

Así, el renunciamiento de Cristina Kirchner a la candidatura presidencial en favor de su antiguo jefe de gabinete, habilitó la reconciliación entre el kirchnerismo y el aparato del partido peronista, distanciados desde el segundo mandato de Cristina Kirchner. Prueba de esta renovación de vínculos fue el pase de Sergio Massa al Frente de Todos, luego de haber roto con la entonces presidenta, presentándose a las elecciones de 2013, 2015 y 2017 como opositor.

De esta manera, la unificación de la oposición peronista en un solo frente fue fundamental para la derrota de Macri y la llegada de Alberto Fernández al poder. Alcanzada esta meta, la distribución de cargos públicos en el gabinete del gobierno y en la administración pública nacional y provincial ha resultado un recurso fundamental para cimentar la nueva coalición gobernante.

Ahora bien en términos de gestión, con una inflación anual del 53,8% en 2019, una recesión que ya lleva dos años y un tipo de cambio devaluado frente al dólar estadounidense, la economía es quizás el frente más amenazante con el que debe lidiar el gobierno de Alberto Fernández. Tras cuatro años de mandato de Mauricio Macri, la economía argentina no solamente no ha logrado salir del estancamiento en el que se encuentra sumida desde 2011, sino que ha sumado un problema adicional: una abultada deuda externa con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo pago debe ahora afrontar.

En este contexto, el presidente encomendó el manejo de la economía a más de un ministerio, siguiendo un modelo de gestión semejante al que tuvo Mauricio Macri. De esta manera el Ministerio de Economía quedó en manos de Martín Guzmán, quien hasta su designación codirigía junto a Joseph Stiglitz el Programa sobre Reestructuración de Deuda de la Iniciative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo fue encomendado a Matías Kulfas, quien se venía desempeñando como consultor y académico.

La economía es quizás el frente más amenazante con el que debe lidiar el gobierno de Alberto Fernández.

Las medidas económicas del gobierno han sido numerosas, aunque su efectividad está aún por verse. Doble indemnización, retenciones, mayor control sobre las importaciones, fin del pacto fiscal con las provincias y una larga Ley de Emergencia Económica con mayores impuestos y suspensión de la movilidad jubilatoria.

Luego en política social, el ministro Daniel Arroyo, ha avanzado en la implementación de una tarjeta que transferirá fondos a las familias en situación de vulnerabilidad, y que sólo podrá utilizarse en locales de venta de alimentos a través del débito de fondos, ya que la tarjeta no permite extracción de efectivo. Adicionalmente, el gobierno nacional trabaja en una canasta alimentaria recomendada.

A la hora de analizar los próximos pasos, vale mencionar cuestiones: la renegociación de la deuda externa y las sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

Habiéndose cumplido su primer mes de gestión, el presidente Alberto Fernández definió el 31 de marzo como una fecha clave. Para entonces, cuando se hayan cumplido casi cuatro meses de mandato, el Gobierno espera tener cerrado un acuerdo con el FMI y la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. En este sentido, todas las medidas económicas tomadas a lo largo de los primeros 30 días han tenido como objetivo atender la situación social y estabilizar la economía, de cara a las inminentes negociaciones con los acreedores. 

Por último, el gobierno nacional convocaría al Congreso a sesiones extraordinarias para el mes de febrero. Durante este período el oficialismo pretende aprobar la eliminación de las jubilaciones de privilegio, oficializar la suspensión del Pacto Fiscal 2017 acordado con los gobernadores provinciales y crear el Consejo Económico y Social.

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