Muchos hemos escuchado más de una vez el dicho «La Argentina es un país donde, si te vas de viaje veinte días, al volver cambió todo; pero si te vas de viaje veinte años, al volver no cambió nada». Pasan los años y los problemas continúan siendo los mismos: inflación, falta de crecimiento, pobreza y desocupación son solo algunos de ellos.

En 1984, Raúl Alfonsín a pocos meses de asumir anunció el cumplimiento de una de sus promesas de campaña: la creación del Programa Alimentario Nacional (P.A.N), que incluía la entrega de una caja de alimentos para todas aquellas familias carenciadas. La llamada caja PAN fue presentada como una herramienta de emergencia contra la desnutrición infantil, en un país con un índice de pobreza que en ese momento rondaba el 20%.

 

El PAN fue establecido por ley con una duración de dos años, pero sucesivas prórrogas lo mantuvieron vigente hasta la finalización del mandato de Alfonsín. El encargado político de iniciar esa ayuda social fue el ex ministro de Salud y Acción Social, Aldo Neri, quien señalaba que el PAN no consistía simplemente en la distribución de alimentos, sino en lo que interpretaba como una obligación solidaria del Estado. Llegaron a repartirse más de 1.400.000 cajas mensuales.

Ahora bien, 35 años después, con alrededor del 35% de argentinos viviendo en situación de pobreza, Alberto Fernández hizo también de la lucha contra el hambre uno de los principales ejes discursivos de su campaña y de sus primeros días de gobierno. Esta problemática fue incluso uno de los justificativos para la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que entre otras medidas frena la indexación a las jubilaciones, aumenta la carga impositiva al sector privado y delega facultades al Poder Ejecutivo.

Más allá de las formas de la presentación, y de la menor o mayor grandilocuencia de la creación de un Consejo para tal fin, resulta necesario que este tipo de programas estén acompañados por políticas congruentes que ayuden también a lograr dichos objetivos. Por ejemplo: el congelamiento de tarifas de los servicios públicos y del transporte por 180 y 120 días, respectivamente, necesitarían un aporte adicional en subsidios por parte del Estado de alrededor de 75 mil millones de pesos. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será la tasa de inflación durante este periodo, pero claramente no será cero. En este sentido, podríamos afirmar que estos congelamientos de precios, en contextos inflacionarios como el actual, generan tarde o temprano un aumento del déficit fiscal – problema que Argentina posee hace décadas y que imposibilita lograr un crecimiento sostenido.

Más allá de las formas de la presentación, y de la menor o mayor grandilocuencia de la creación de un Consejo para tal fin, resulta necesario que este tipo de programas estén acompañados por políticas congruentes que ayuden también a lograr dichos objetivos.

En definitiva, aquellos factores macroeconómicos que no permitieron que el P.A.N cumpla con sus objetivos de reducir el hambre y la pobreza, son los mismos que hoy pueden conspirar en contra de los planes de Fernández. Si no se logra ordenar las cuentas públicas, reducir la inflación de manera genuina y generar un crecimiento real de manera permanente, cualquier tipo de programa de este estilo puede sufrir el mismo destino. Estas son algunas de lecciones que dejó el primer gobierno democrático de la Argentina contemporánea.

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